Estados Unidos ha capturado a Nicolás Maduro y a su esposa mediante una operación liderada por las fuerzas del orden, no a través de una invasión militar. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desempeñaron un papel de apoyo, brindando logística, seguridad y asistencia operativa a las agencias federales encargadas de ejecutar un arresto basado en cargos criminales. Esta distinción es importante. El objetivo principal no fue la conquista territorial, la ocupación de un régimen ni la guerra, sino la aprehensión de personas acusadas de conducta delictiva. El ejército actuó en calidad de apoyo, de manera similar a como lo ha hecho en otras acciones internacionales de aplicación de la ley que involucran objetivos de alto riesgo.

Esto no carece de precedentes. Una situación comparable ocurrió en Panamá en diciembre de 1989 durante la Operación Causa Justa. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos ingresó a Panamá para retirar del poder al general Manuel Noriega. Noriega había sido acusado en Estados Unidos por cargos federales de narcotráfico y era considerado una amenaza directa para la estabilidad regional y para los intereses estadounidenses, incluido el Canal de Panamá. Aunque la operación implicó un uso significativo de la fuerza militar, su propósito declarado incluyó la aplicación de la ley penal estadounidense, la protección de vidas estadounidenses y la restauración del gobierno democrático. Noriega fue finalmente capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar juicio. Es importante destacar que esta operación se llevó a cabo sin una declaración formal de guerra por parte del Congreso, y el poder se transfirió con éxito sin una ocupación prolongada.

Muchos críticos ahora sostienen que la intervención de Estados Unidos en Venezuela estuvo motivada por el petróleo, acusando al presidente Trump de invadir Venezuela para robar sus recursos petroleros. Esta afirmación ignora hechos históricos sobre la industria petrolera venezolana y sobre cómo se perdió el control de esa infraestructura.

La realidad es que gran parte de la infraestructura petrolera de Venezuela fue desarrollada, financiada y operada originalmente por empresas estadounidenses. En 1976, Venezuela implementó la nacionalización integral de su industria petrolera. Todo el sector, incluidas las empresas de propiedad estadounidense, pasó a control estatal y se creó PDVSA como la empresa petrolera nacional. En gran medida, se trató de una transición negociada, pero eliminó el control operativo de las compañías extranjeras que habían construido la industria.

En la década de 1990, Venezuela reabrió brevemente su sector petrolero a la inversión extranjera bajo nuevos acuerdos contractuales, reconociendo que aún se necesitaban experiencia y capital externos. Esa apertura fue posteriormente revertida. En 2007, bajo el presidente Hugo Chávez, el gobierno venezolano se apoderó de las operaciones petroleras privadas restantes en la Faja del Orinoco. Las empresas que se negaron a aceptar la propiedad mayoritaria del Estado venezolano, incluidas ExxonMobil y ConocoPhillips, vieron sus activos expropiados. Estas acciones fueron más coercitivas y derivaron en disputas de arbitraje internacional. Aunque se presentaron como una defensa de la soberanía sobre los recursos naturales, en la práctica transfirieron infraestructura construida con inversión extranjera a manos de una élite política cada vez más corrupta y centralizada.

Estos hechos conducen a varias conclusiones inevitables.

• Primero, el presidente Trump no está robando el petróleo venezolano. La infraestructura petrolera fue tomada décadas antes a empresas estadounidenses mediante procesos de nacionalización y expropiación, a menudo bajo condiciones coercitivas y con compensaciones controvertidas.
• Segundo, no se requería la aprobación del Congreso para una acción de aplicación de la ley dirigida a ejecutar arrestos criminales en el extranjero, incluso cuando el ejército brinda apoyo. La operación no constituyó una declaración de guerra, sino una acción de cumplimiento de la ley, coherente con la autoridad ejecutiva ejercida por múltiples administraciones en el pasado.
• Tercero, Estados Unidos ya ha llevado a cabo con éxito una operación similar. Panamá es un ejemplo claro de una intervención liderada por Estados Unidos que resultó en la destitución de un líder acusado penalmente, la restauración del orden y una transición de poder sin autorización formal del Congreso para declarar la guerra.

Se esté o no de acuerdo con la política, el marco legal y el precedente histórico son claros. La narrativa de que esta acción fue una incautación de petróleo sin precedentes no resiste el análisis cuando se contrasta con la historia documentada de la industria petrolera venezolana y con intervenciones previas de Estados Unidos realizadas bajo autoridad ejecutiva.